<p>En los últimos años se ha producido en nuestro país un aumento considerable de menores de edad que presentan graves problemas conductuales. La necesidad imperiosa de proporcionar a estos menores un contexto más estructurado socio-educativo y psicoterapéutico ha justificado que el legislador estatal contemple por primera vez recursos específicos destinados a atender sus trastornos del comportamiento. En particular, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, regula como novedad importante el ingreso en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta, a cuyo análisis dedicamos el presente estudio. </p>