La presente ponencia gira en torno al papel que el Ministerio Fiscal desempeña en la investigación del delito en nuestro sistema procesal penal. En su desarrollo trataremos la situación actual en España, haciendo una comparación con los sistemas procesales de los países de nuestro entorno, las propuestas de lege ferenda existentes en nuestro Derecho, finalizando con un comentario sobre las ventajas del modelo de investigación penal a cargo del fiscal. La configuración procesal del Ministerio Fiscal en nuestro modelo procesal penal no es uniforme, dependiendo del tipo del procedimiento penal a que nos refiramos. Hay que distinguir -Justicia penal de menores. El proceso penal de menores se encuentra regulado en la Ley Orgánica penal del menor 5/2000, de 12 de enero, y se aplica para determinar la responsabilidad penal de los menores de 18 años y mayores de 14 (art. 1.1 de ésta Ley del menor en relación con el artículo 18 de Código Penal). La Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor 5/2000, de 12 de enero, en su artículo 16.1, establece que corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artículo 1 del mismo texto Legal. -Justicia penal de adultos. Investigación penal a cargo del juez de instrucción: artº 299 de la LECR y concordantes. El fiscal como inspector de la investigación: artº 306 de la LECRM.. El que la investigación del hecho delictivo, en la justicia de adultos, no corresponda al Ministerio Fiscal, constituye un hecho verdaderamente anómalo en nuestro entorno cultural. En efecto, la situación en aquellos países que nos suelen servir de referencia en el marco del Derecho Comparado( Alemania o Italia) es que el Ministerio Fiscal es el órgano encargado de la investigación de los hechos delictivos. Por otro lado, ello no implica que el Fiscal español no tenga una cierta capacidad investigadora en el ámbito penal, por más que la misma sea una investigación preliminar y limitada. Esas posibilidades de investigación del Ministerio Fiscal se articulan a través de las denominadas “ Diligencias de investigación penal”, en cuyo régimen jurídico, así como sobre su contenido, nos detendremos aunque sea de forma breve. Las Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal fueron introducidas en el ordenamiento jurídico español por Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo art. 5 establece la posibilidad de que el Fiscal lleve a cabo u ordene diligencias para el esclarecimiento de hechos que fueran sean denunciados ante el mismo o que aparezcan en los atestados. Posteriormente, reciben un muy importante impulso con la Ley 5/1988, de 24 de marzo, por la que se crea la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas -en la actualidad Fiscalía Especial Antidroga-, en la que se posibilita a la Fiscalia para investigar la situación económica y patrimonial, así como las operaciones financieras y mercantiles de toda clase de personas respecto de las que existan indicios de que realizan o participan en actos de tráfico ilegal de drogas o de que pertenecen o auxilian a organizaciones que se dedican a dicho tráfico, pudiendo requerir de las Administraciones Públicas, Entidades, sociedades y particulares las informaciones que estime precisas. Los últimos proyectos de reforma legislativa en nuestro país se han manifestado a favor de la atribución de esa competencia al Ministerio Fiscal también en la justicia de adultos. Para finalizar aludiremos a las ventajas de ese nuevo modelo: Adecuación al marco constitucional. Agilización de la justicia. Mayores garantías para el ciudadano.

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