El capítulo se centra en el análisis del significado y alcance del principio jurídico-formal de legalidad, configurado constitucionalmente como un principio básico del ordenamiento jurídico, al manifestar la norma fundamental en su Preámbulo la voluntad de la nación española de «consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular»; intención que no sólo se verá reflejada dentro del Título Preliminar, artículo 9.3 CE, al establecer que la Constitución «garantiza el principio de legalidad», entre otros principios, sino que además gozará de múltiples referencias expresas dentro de la propia Norma Fundamental.