La investigación tiene por objetivo determinar el impacto que las ayudas comunitarias con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión tienen en la inversión pública de los países de la UE-15 durante el periodo 1995-2011. Con el fin de establecer un marco teórico y normativo en el cual insertar el modelo empírico la tesis aborda, en primer lugar, el análisis de las diversas teorías sobre el incremento del gasto público. En segundo lugar, puesto que nos situamos en un contexto descentralizado, el trabajo trata tanto el estudio de la teoría del federalismo fiscal, como el caso concreto del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas ¿dado también que son gestoras de los fondos comunitarios¿ y su vinculación al principio de solidaridad ¿unido a su vez a la idea de cohesión que articula la política regional europea¿. En tercer lugar, se repasa la evolución de los fondos, tanto en términos económicos como en su configuración y principios, que con carácter territorial tienen como objetivo reducir las diferencias socio-económicas entre las regiones: el Fondo de Compensación Territorial, en el caso de las Comunidades Autónomas, y los Fondos comunitarios ya citados. Considerando todo lo anterior, se ha construido un modelo empírico estableciendo como variable de interés la subvención recibida, y complementándola con la inversión pública, la inversión privada, el producto interior bruto, la capacidad/necesidad de financiación, el consumo público, los turismos, el consumo de energía, el porcentaje de población en riesgo de pobreza y las ayudas europeas correspondientes, así como la relación con los procesos electorales que hemos denominado Estrategia de Sustitución Planificada, que podría contribuir a la heterogeneidad no observable vinculada con las características específicas de cada Estado miembro. Los resultados apuntan a que la financiación externa recibida está produciendo un efecto expulsión de la parte del gasto de inversión de los Estados beneficiarios, aunque no se pueda precisar si tal efecto implica un desplazamiento del gasto hacia el consumo público, hacia una reducción del endeudamiento o, directamente, hacia una reducción de impuestos (o su no incremento). Los resultados estarían, por tanto, próximos a la hipótesis de equivalencia financiera. Además, los datos obtenidos cuestionan seriamente que se esté cumpliendo el principio de adicionalidad, definido en la primera reforma de los Fondos Estructurales en 1988 y según el cual el esfuerzo realizado por los Estados no debe reducirse y, menos aún, sustituirse por la ayuda comunitaria recibida.