El legislador vela por la igualdad constitucional. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad de igualdad del individuo y grupos sean reales y efectivas; así como mover los obstáculos para facilitar la participación de los ciudadanos. El constituyente incorpora el texto constitucional el artículo 92, -la denominada igualdad real- en ámbitos como la, la cultura, la educación, el acceso a la sanidad, etc., llamándolos auténticos derechos estatutarios de las prerrogativas constitucionales.