Los poderes públicos no pueden conculcar el principio de legalidad que obliga a atender las demandas de los ciudadanos en la lucha contra el ruido, pues su única razón de ser es, precisamente, el amparo y protección de los derechos que fundamentan el orden jurídico-político y, sin embargo, se convierten muchas veces en los principales transgresores. Hay que tener en cuenta que la inactividad también puede ser un abuso de poder. La dejación voluntaria y deliberada de competencias constituye una omisión ilícita, culpable y responsable, pudiendo ser constitutiva de un delito de prevaricación medioambiental.