La importancia de la construcción jurisprudencial de los principios de efectividad y equivalencia por parte de la Corte Europea, mediante la cual se pretende evitar que los Estados miembros creen requisitos, procedimientos y plazos más gravosos que los establecidos para situaciones internas, o que hagan, imposible o excesivamente difícil, el ejercicio de un derecho de recuperación sobre unos ingresos fiscales indebidos que hayan sido generados por tributos declarados contrarios a la legislación de la UE, se evidencia nuevamente en la Sentencia del TJUE de 14 de octubre de 2020. La decisión adquiere relevancia para del ordenamiento jurídico español con motivo del recurso interpuesto ante el Tribunal Europeo por la Comisión Europea contra el Reino de España por los requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley 40/1995 que limitarían el acceso a la acción de responsabilidad patrimonial del Estado- Legislador de manera irregular con motivo de normas contrarias al derecho de la UE, acción que se había convertido en el último bastión que permitía la recuperación de ingresos tributarios indebidos que eran imposibles de obtener mediante recursos administrativos ordinarios y especiales.