Este documento comenta críticamente y valora negativamente el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, BOCG, Congreso, 7 septiembre 2012), que se aplicará a los arrendamientos concertados después de su entrada en vigor, si bien las partes de un arrendamiento preexistente podrán “adaptarse voluntariamente” a la nueva normativa. Al parecer, el objetivo es mejorar el régimen de los arrendamientos para convertirlos en una alternativa a la propiedad en un mercado completamente deprimido y dar mayor relevancia a la libertad contractual para promover el flujo de contratos en un creciente mercado de arrendamiento especulativo. Lo cierto es que el proyecto crea nuevos desequilibrios y costes, haciendo casi obligatorio inscribir en el Registro de la Propiedad el contrato para que el inquilino quede protegido frente a terceros adquirentes y acreedores del arrendador