El establecimiento de un nuevo deber de información aplicable al alojamiento colaborativo confirma el auge que experimenta la economía colaborativa, las dificultades de los poderes públicos para controlarla fiscalmente, y el importante papel que desempeñan las plataformas en la aplicación de los tributos. No obstante, la imposición de este deber tributario no está siendo pacífica, ya que algunos de los principales destinatarios han manifestado su oposición, así como otros también cuestionan ciertos aspectos. Por ello, analizamos el contenido del deber informativo, su justificación y su adecuación al ordenamiento tributario, además de los problemas que conlleva que los principales sujetos obligados a cumplir con el deber sean plataformas que no tienen su residencia fiscal en España.