El trabajo analiza los recientes desarrollos de nuestro ordenamiento positivo en evaluación de impacto previo y justificación de los reglamentos y su incidencia en el control judicial, a la luz de la jurisprudencia sobre el tema. Se sostiene que la implantación de esta técnica puede contribuir a mejorar las normas, al exigir su fundamentación en el procedimiento de aprobación, pero que también puede jugar, en algún caso, un papel importante en la fiscalización de la legalidad del fondo del reglamento, incluso de los elementos discrecionales, como ocurre en el Derecho comparado. En todo caso, suponen un reparto de la carga probatoria de la legalidad del reglamento, que hasta ahora recaía exclusivamente en los recurrentes en el proceso judicial.