Desde su implantación en nuestro país, la justificación del Impuesto sobre el Patrimonio ha estado rodeada de polémica. Los objetivos iniciales y provisionales de control y valoración marcados para un incipiente Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, fruto de la reforma fiscal de 1978, dieron paso a ambiciosas pretensiones como la de que esta figura impositiva contribuyera a mantener la progresividad del sistema fiscal. Así, la exposición de motivos de la ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio fijó como objetivos primordiales la equidad, la utilización más productiva de los recursos, la redistribución de la renta y la riqueza y la actuación complementaria del IRPF e ISD. Inicialmente la polémica se centraba en torno a la idoneidad o no del patrimonio como indicador de la capacidad económica de los individuos, la posible doble imposición del ahorro o de determinados bienes como los inmuebles, etc. Hoy, tras más de veinte años de experiencia y la consiguiente consolidación del Impuesto sobre el Patrimonio en nuestro sistema tributario, disponemos de argumentos adicionales para reavivar la polémica. Esta vez, la pregunta puede ser: ¿ha cumplido, cumple y/o puede cumplir el Impuesto sobre el Patrimonio los objetivos marcados? Nuestro interés en este artículo se centra en dar respuesta a esta pregunta analizando el grado de cumplimiento de las funciones asignadas, tanto histórica como actualmente, al Impuesto sobre el Patrimonio a través de los elementos que lo integran.