La Constitución española acaba de entrar en su cuadragésimo año de existencia y por primera vez desde 1978 el consenso sobre sus insuficiencias y la necesidad de su reforma parece casi general. Sin embargo, el ordenamiento constitucional español no parecer estar logrando ser cauce para el acuerdo o la exitosa composición de las pretensiones de la ciudadanía ni instrumento para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos políticos. La crisis, así, pasa a ser no únicamente política sino también jurídico-constitucional, ya que es el propio marco constitucional el que se demuestra incapaz de cumplir con una de sus más esenciales funciones. En este texto, vamos a tratar de analizar hasta qué punto una posible e hipotética reforma, si finalmente se diera, podría aspirar a cumplir con los objetivos que se deducen de las necesidades de reforma existentes en estos momentos. Para ello, se repasara mínimamente en qué contexto se pudiera producir, o se está dando ya en estos momentos, la partida política que inevitablemente va asociada a la apertura de un proceso de estas características, así como las limitaciones que el marco jurídico e institucional introduce respecto de una futura negociación y de las posibles salidas en cuanto a un consenso de mínimos sobre los posibles contenidos de la reforma, rigidificando más si cabe la situación y dificultando con ello algunas posibles soluciones.