La crisis del parlamentarismo en España refleja la pérdida de centralidad del debate y el aumento del presidencialismo de facto. Hay muchos principios clásicos en evidente declive y sobre todo está el elemento más controvertido y que es el aforamiento. Una prerrogativa concebida para proteger la independencia de los parlamentarios y cargos públicos, pero que en la práctica ha derivado en una percepción de ser más un privilegio. El abuso o manipulación del aforamiento para alterar la competencia judicial vulnera el principio del juez ordinario y alimenta la desconfianza ciudadana. En definitiva, el aforamiento debería interpretarse de forma restrictiva para no desnaturalizar su finalidad democrática, ni erosionar la igualdad ante la ley.