Bajo el término Servicios Económicos de Interés General se incluyen sectores como las telecomunicaciones, la banca, los servicios postales, los suministros de agua, el gas, la electricidad, el transporte y cualquier otra actividad económica que sea declarada de interés general por los estados. Estas actividades responden a necesidades básicas y esenciales de la colectividad, por lo cual el suministro y el acceso a estos servicios tiene que quedar garantizado a los ciudadanos. Con arreglo a nuestro derecho interno, el acceso a estas prestaciones se garantizaba a través de la fórmula del servicio público, de forma que la responsabilidad de su prestación quedaba encomendada a la Administración. Sin embargo, la legislación de la Unión Europea impone la liberalización de alguna de estas actividades, de forma que estas se abren al libre mercado y a la competencia. En este marco la prestación de servicios funciona siguiendo el criterio de la rentabilidad económica y comercial y pone fin a los monopolios estatales, dando lugar a la figura de los consumidores y usuarios de servicios, dotados de derechos e instrumentos de protección específicos. Con todo, se trata de actividades que continúan siendo de interés general, con lo que su prestación tiene que quedar garantizada a los ciudadanos en términos de calidad, regularidad, universalidad y precio asequible. En este contexto, la Unión Europea ha pretendido compatibilizar la liberalización económica de estas actividades, con el interés público subyacente y los intereses y derechos de los usuarios de estos servicios esenciales. A tal efecto, las normas comunitarias han desarrollado unas técnicas e instrumentos dirigidos a cumplir estas exigencias y a garantizar a los ciudadanos el acceso a unas prestaciones básicas y los usuarios la protección de sus derechos e intereses legítimos, cuestiones que son objeto de análisis en el presente artículo.