La atracción de inversión extranjera directa ha sido esgrimida por los Estados como la principal motivación para la suscripción de los acuerdos internacionales de inversión. Si bien debe reconocerse la importancia e incidencia en materia de transferencia de tecnología, flujo de capitales, empleo calificado y acceso a nuevos mercados del que se han beneficiado los Estados receptores de la inversión, también lo es que la suscripción de este tipo de tratados no está ajena a la controversia. Los Estados de la región latinoamericana tradicionalmente han sido Estados receptores de inversión extranjera, y por ende objeto de demandas y laudos de parte de los Tribunales de arbitramento por el incumplimiento de las garantías pactadas a favor de los inversionistas extranjeros, tales como trato justo y equitativo, trato nacional, prohibición de expropiación sin compensación, entre otras. La interpretación de los tratados de inversión y en especial de las garantías allí contenidas cobra especial relevancia tanto para inversionistas como para los Estados. Las reglas para la interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, el arbitraje internacional desempeñado por organismos internacionales como el CIADI y el procedimiento de acuerdo mutuo resultan de suma importancia en la solución de controversias de inversión.