La actual normativa procesal penal ante al fenómeno del terrorismo trae causa en la conocida Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal1. Dicha normativa, supuso la consolidación, sui generis, de medidas excepcionales restrictivas de derechos fundamentales, configurando el estatuto básico del detenido por causa de terrorismo, y desarrollando las previsiones contenidas en el art. 55.2 CE.