En la República Argentina, el régimen de protección del patrimonio cultural es complejo, pues siendo un Estado federal, cada nivel de gobierno (Nación, provincias y municipios) ha dictado normas jurídicas en el marco del deslinde de competencia establecido en los arts.41 y 75 inc.19 de la CN. Dentro de este marco normativo se han declarado a numerosos bienes de interés religioso como patrimonio cultural. En el presente artículo nos proponemos analizar algunos conflictos derivados de la confluencia de ordenamientos jurídicos (derecho interno argentino y derecho canónico) aplicables en virtud del Concordato de 1966 como así también, los conflictos entre el poder espiritual de la Iglesia Católica y el poder del Estado en torno a ciertos bienes culturales.