La tesis doctoral aborda de manera extensa la protección jurídico-constitucional de las personas sordas en España, desde la perspectiva del Estado social y democrático de derecho. El colectivo de personas sordas, como grupo social en riesgo de discriminación, ha desarrollado a lo largo del tiempo sus propios aspectos culturales y lingüísticos. Esto ha llevado a su consideración como comunidad propia, la comunidad sorda, con su propia lengua, la lengua de signos. El trabajo contiene una revisión crítica de los avances en la regulación y protección de las personas sordas, dentro del derecho de las personas con discapacidad. También ofrece una descripción pormenorizada de los ámbitos susceptibles de una mejora en su abordaje jurídico. De la misma forma, se desglosan una serie de propuestas que podrían mejorar el tratamiento jurídico hacia las personas sordas. Por último, se detallan los incumplimientos y posibles responsabilidades que las Administraciones públicas vienen incurriendo en relación a aspectos relevantes de los derechos de las personas sordas, como son el estatus de la lengua de signos, el acceso a la educación, al empleo, a los medios de comunicación audiovisual, y a todos aquellos derechos considerados fundamentales en el libre desarrollo de su personalidad.