Este artículo ofrece una aproximación a los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, a partir de la constatación de que se trata de un sujeto sociolingüístico extremadamente vulnerable. El hecho de que las personas sordas y sordociegas suelan ser identificadas hegemónicamente como individuos con discapacidad ha tenido consecuencias degradantes en sus derechos lingüísticos. Esta consideración ha diluido la condición incuestionable de que las lenguas de signos son lenguas minoritarias y minorizadas sobre las que es urgente actuar para promocionar y proteger a sus usuarios. Por tanto, este texto pretende contribuir a la reflexión crítica desde el marco de los derechos lingüísticos, tomando como ejemplo las lenguas de signos del Estado español.