El 29 de julio de 2024 se publicó la decisión sobre el fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales, que resolvió la reclamación colectiva presentada por el sindicato UGT contra España sobre la indemnización por despido improcedente y la observancia de las condiciones para que la reparación sea apropiada, la indemnización sea adecuada y la protección jurídica sea disuasoria, como exige el art. 24 de la Carta Social Europea revisada. El pronunciamiento determinó que había violación. No fue una sorpresa puesto que estaba precedido por una consolidada jurisprudencia. Esta había sido adoptada, por un lado, en cinco decisiones en el marco del procedimiento de reclamaciones colectivas, incoadas contra Finlandia, Italia y Francia. Por otro lado, en las conclusiones, que son el resultado del sistema de informes, destacando las dos de no conformidad, específicas sobre España, que se publicaron el 20 de marzo de 2024 al examinar los arts. 8.2 y 27.3. El Estado debe reformar la normativa reguladora en coherencia con los compromisos asumidos, que vinculan a todos los poderes públicos, es decir, el legislativo, ejecutivo y judicial. Ante la indiferencia o dilación del primero, la invocación del control de convencionalidad, avalado constitucionalmente, es crucial y para ello, el conocimiento preciso de la jurisprudencia apuntada es clave. Este estudio la analiza detalladamente con el fin de que los operadores jurídicos puedan incorporarla en sus demandas o sentencias en la medida en que integran el precepto y, por consiguiente, tienen la misma naturaleza jurídica.