La degradación normativa del sistema normativo español y del tributario, en particular, reclaman la aplicación urgente de medidas de mejora de la calidad legislativa, con la finalidad esencial de garantizar la seguridad y la certeza jurídica, como proyección del valor de la justicia. Objetivo que se viene persiguiendo, esencialmente, desde la reforma de las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de Contratos del Sector Público, cuya aplicación en el ámbito tributario no solamente reclama una mayor seguridad jurídica, sino un renovado entendimiento de este principio a la luz de las nuevas relaciones que van surgiendo en dicho ordenamiento, como ocurre con el compliance tributario. Principio cuya implementación implica un importante cambio de mentalidad desde el entendimiento de la “buena regulación” como un bien público en sí mismo y garantía, por tanto, de la posición jurídica de los ciudadanos afectados por las normas.