La actividad investigadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social encuentra sus límites en el respeto a los derechos fundamentales de los administrados, entre ellos, la inviolabilidad del domicilio y la no autoinculpación. Si la delimitación del alcance de estas garantías ante la acción inspectora siempre ha sido una cuestión problemática, el debate se ha intensificado en los últimos años a la vista de las nuevas realidades materiales, normativas y jurisprudenciales que actúan sobre el conflicto y que han incrementado los interrogantes sobre el tema. Por esta razón, el presente análisis tiene por objeto dar cuenta de la situación actual de esta controversia, así como proporcionar elementos y propuestas para propiciar la reflexión sobre el modo de conciliar las facultades inspectoras y los derechos de los interesados.