Con la aprobación de la Ley 35/2015, se introdujo un nuevo sistema de valoración de los daños que reconoce el perjuicio patrimonial por lucro cesante de aquellos individuos que dependían económicamente de la víctima fallecida en un accidente de tráfico. Sin embargo, el sistema definido para el cálculo de las indemnizaciones por este perjuicio patrimonial produce disfunciones cuando es necesario aplicar la reducción de cuotas prevista en el artículo 87 del texto legal, resultando posible que no se resarza íntegramente el daño sufrido por cada uno de ellos, el cual es uno de los principios fundamentales del sistema. El presente trabajo tiene como objetivo analizar las disfunciones del sistema actual y proponer un sistema alternativo que consiga mitigarlas o incluso evitarlas. Este sistema, cuya aplicación requeriría de una valoración actuarial específica, se basa en una definición dinámica de la variable “cuota del perjudicado”, que toma en consideración las diferencias que puedan producirse entre las duraciones de los periodos de dependencia económica de los distintos perjudicados.