El objetivo de este trabajo es comprobar la existencia de una desarmonización entre las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y parte de las normas del derecho tributario uruguayo que reglan las exoneraciones a los vehículos para discapacitados. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución uruguaya y las normas emanadas de los órganos internos del Estado, cualquiera que sea su jerarquía, deben aplicarse facilitando el derecho a la movilidad. En consonancia, Uruguay adoptó dos modalidades de exoneración, según surjan de la potestad nacional o de la potestad de los gobiernos departamentales. Esta última presenta problemas de armonización desde 2018, con la entrada en vigencia e incorporación de los vehículos nacionalizados al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares. Para cumplir con el objetivo descrito, el método se basó en la investigación cualitativa integrada por la exploración transversal, descriptiva e interpretativa que recoge la tradición uruguaya en la armonización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con las normas internas, comparando el estudio analítico del caso mencionado. Como conclusión, se observa una regresividad en la aplicación de las normas citadas que no llegan a darle una solución satisfactoria al problema.