Los valores y principios cooperativos expresados en la Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la Identidad Cooperativa de 1995 y, en las Notas de Orientación de 2015, son elementos connaturales a todas las entidades con finalidad y organización mutualista. La cooperativa desde sus orígenes ha adoptado las normas propias de organización y funcionamiento de las mutualidades y asociaciones de ayuda mutua, antes incluso de contar con una regulación propia. A pesar de no haber sido necesario contar con una legislación propia para que las cooperativas se desarrollasen, es conveniente que las leyes autoricen, regulen y promuevan su constitución y funcionamiento. En España, las cooperativas, así como su naturaleza mutualista y sus valores y principios, han tenido reconocimiento legal con carácter general desde la Ley de Cooperativas de 1931, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas. La Constitución Española de 1978, en su art. 129.2 ordenó a los poderes públicos fomentar, mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, lo que se interpretó en su momento por el legislador como la necesidad de mejorar la aplicación del principio cooperativo de participación de los socios en el gobierno y control de la cooperativa de forma efectiva y no sólo formal, por ser la característica que más se resentía en ese momento. Nuestro estudio pone de manifiesto que los rasgos identitarios de las cooperativas están perdiendo presencia en la legislación vigente, principalmente, en la aprobada por las comunidades autónomas, lo que pone en cuestión no sólo si es una legislación adecuada para las cooperativas, sino también, si las comunidades autónomas son competentes para regular estas «cooperativas ». Por otra parte, las medidas legales previstas para promover el conocimiento y adecuado funcionamiento de las cooperativas (formación, educación o control) no están siendo todo lo acertadas o eficaces que cabría esperar, y por todo ello, puede decirse que los poderes públicos no están contribuyendo a promover las cooperativas o, al menos, no con una legislación adecuada como exige nuestra Constitución. Recibido: 08 febrero 2025 Aceptado: 10 abril 2025