<p>Frente a la actual epidemia de obesidad, se problematiza la usual circunscripción del alcance del derecho a la alimentación a las situaciones de malnutrición por déficit. Se plantea que el derecho a la alimentación adecuada resulta vulnerado en los entornos obesogénicos, y que su protección requiere el establecimiento de medidas que regulen la publicidad y las prácticas de comercialización de productos ultraprocesados. Se sostiene que la principal barrera para la implementación de tales medidas la constituyen las estrategias desplegadas por las grandes corporaciones alimentarias. Entre ellas, se destacan las que tienen como objeto y/o como medio a la comunidad científica. Se identifican ciertos supuestos básicos subyacentes en los discursos de profesionales de la salud que contribuyen a crear un marco de legitimación del consumo de productos ultra-procesados. Se sugiere la adopción de un posicionamiento ético, libre de conflictos de intereses, para abogar por las necesarias medidas regulatorias de carácter estatutario.</p>