La Monarquía española era dueña de muchos montes de gran valor medioambiental, para los cuales se proponen en el siglo XIX dos destinos incompatibles: desde 1811 el liberalismo propugna su venta general a particulares en las sucesivas desamortizaciones; y a partir de 1842 la Corona busca su gestión sostenible, de lo que derivó la creación en 1854, dentro del Ministerio de Fomento, del Cuerpo de Ingenieros de Montes, que se oponía a la venta de aquellos montes públicos que poseyeran relevantes valores ambientales. El artículo estudia la interacción de estos dos pensamientos, en el marco del proceso de clarificación jurídica del patrimonio de la Corona, y con un detallado análisis del caso más complejo: el de los montes de Valsaín (Segovia), cuya venta provocó un duro enfrentamiento entre los Ministerios de Fomento y de Hacienda, entre 1870 y 1877.