El presente trabajo realiza una valoración del derecho al ingreso mínimo vital (IMV) en España tras su establecimiento mediante la legislación de 2020-2021. En primer lugar, se pone el énfasis en su crucial reconocimiento jurídico, que significa tanto la superación de enfoques éticos basados en las virtudes de la caridad como la instauración de un marco legal más sólido. Sin embargo, en segundo lugar, se critican los aspectos deficitarios de ese reconocimiento jurídico, en la medida en que la legislación de 2020-2021 se inspira en estándares europeos de soft-law en lugar del instrumento legal vinculante por excelencia en la materia (la Carta Social Europea, que dota de mayor estabilidad y garantías de no regresión). A continuación, se someten a escrutinio los déficits de la configuración del IMV como derecho fundamental en sus aspectos básicos (titulares, contenido, límites y garantías). Por último, se reflexiona sobre la optimización de la eficacia del IMV a la luz de propuestas más avanzadas de renta básica universal.