Este artículo aborda el tema de la justicia alternativa como derecho humano de las personas, reconocido en los artículos ١° y ١٧ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-EUM, exponiendo sus antecedentes y justificandola como derecho humano, realizando una crítica respecto a la carencia de programas o políticas públicas institucionales para divulgar la existencia de los diversos métodos de esta justicia para la solución de conflictos. Asimismo, se identifica como el acceso a ella, garantiza los procesos de transformación social, cultural y judicial en los que prevalece una cultura de paz y concordia basada en procesos de integración, participación e inclusión ciudadana en las instituciones, respetando y protegiendo la dignidad de todo individuo. La metodología utilizada fue el método deductivo, partiendo de lo general a lo particular se revisó la doctrina, las legislaciones y los criterios de interpretación publicados por el Poder Judicial de la Federación relacionado con este tema, de modo, con una técnica de investigación documental apropiada para este trabajo. Lo cual permitio identificar el alcance de la cultura de paz a partir de la aplicación sustantiva de la justicia alternativa desde el aspecto jurisdiccional y no jurisdiccional, la importancia de la profesionalización del facilitador, la necesidad de implementar desde diversos ámbitos la educación para la recomposición del sistema de justicia en México, así como considerar la formación educativa de los mecanismos alternativos para atender problemas en diversos ámbitos como ambiental, escolar, mercantil, pena y laboral, entre otros.