Los campos electromagnéticos (CEM) generan una amplia preocupación social, que ha llevado a un rechazo masivo a la instalación de antenas de telefonía móvil. Esto está justificado por la continua publicación de estudios científicos que apuntan a que dicha tecnología podría ser peligrosa. Algunas instituciones comunitarias mantienen que los límites de exposición a CEM actualmente vigentes no se ajustan a los objetivos de la Unión Europea en materia de protección de la salud pública. La normativa comunitaria y española sobre protección frente a la radiación únicamente trata aquellos efectos conocidos (efectos térmicos), mientras que los efectos todavía inciertos (efectos no térmicos) no son combatidos. Esta normativa no limita ninguna emisión, puesto que los valores límite suelen quedar muy por encima de las emisiones efectivas utilizadas por las compañías de telecomunicaciones. La evaluación del riesgo implementada por el gobierno español es, asimismo, inadecuada, estando basada únicamente en los informes del sector industrial afectado. Es en los niveles autonómico y local donde se han aprobado las medidas más estrictas para la protección del público de la exposición a CEM. La jurisprudencia y la doctrina continúan debatiendo sobre cuáles de dichas medidas son legítimas y cuáles no.