Aunque han pasado ya más de tres años desde la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, muchos municipios todavía están pendientes de actualizar sus ordenanzas para adaptarlas a las nuevas exigencias contenidas en su artículo 11. La ambigüedad con la que el legislador estatal ha definido las características de las nuevas prestaciones parece abocar a la existencia de multitud de figuras diferentes, con la consiguiente litigiosidad que a lo que ello puede abocar. Por tanto, nos encontramos aun en un momento clave, en el que resulta conveniente detenerse en las novedades más recientes sobre la cuestión.