La justicia postransicional se inició en el Cono Sur de América Latina a mediados de la década de 1990 y gradualmente se ha expandido a otros países que buscan afrontar violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes autoritarios que dominaron el continente desde la década de 1970 hasta inicios de la década de 1990. Para diferenciar los juicios de la transición de los juicios que se llevaron a cabo años después durante la fase de consolidación democrática, este artículo desarrolla un marco teórico que explica las variaciones en la tendencia a juzgar a los militares por graves violaciones de derechos humanos (por ejemplo, el número de juicios) a lo largo del tiempo y entre países. El argumento principal que aquí se presenta es que las reformas constitucionales han hecho que los jueces latinoamericanos sean más propensos a perseguir a los militares por violaciones de derechos humanos porque los jueces ahora poseen más independencia del Poder Ejecutivo y, además, porque la jerarquía del sistema judicial se ha suavizado, haciendo que los jueces de primeras instancias sean menos dependientes de sus superiores. Como resultado, los jueces –especialmente aquellos afines a la agenda de los derechos humanos– pueden promover procesos judiciales con más energía que antes.