Esta obra examina críticamente uno de los desafíos jurídicos más relevantes para la protección de los derechos colectivos en Ecuador: la ausencia de una regulación orgánica integral del derecho a la consulta previa, libre e informada. El análisis sitúa esta problemática en la convergencia entre el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, la interculturalidad y la responsabilidad internacional del Estado, evidenciando las consecuencias jurídicas y sociales derivadas de la persistencia de vacíos normativos. Mediante un enfoque cualitativo y la integración de métodos dogmático-jurídicos, hermenéuticos, históricos, comparados y analítico-sintéticos, se estudian los fundamentos doctrinales y normativos de la consulta previa, así como su evolución dentro del ordenamiento ecuatoriano. Particular atención recibe el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos permiten delimitar las obligaciones estatales destinadas a garantizar la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas. Los resultados revelan que la insuficiencia regulatoria trasciende un problema meramente legislativo, pues favorece interpretaciones disímiles, amplía la discrecionalidad administrativa, debilita la seguridad jurídica y profundiza conflictos relacionados con proyectos extractivos y el aprovechamiento de recursos naturales. Asimismo, incrementa el riesgo de responsabilidad internacional de Ecuador por incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. La obra sostiene, finalmente, la necesidad de una ley orgánica que establezca procedimientos claros, garantías interculturales y mecanismos efectivos de participación, en armonía con los estándares interamericanos. Su adopción permitiría fortalecer la autodeterminación, proteger los territorios y la identidad cultural, garantizar los derechos colectivos y consolidar un Estado constitucional, plurinacional e intercultural sustentado en la seguridad jurídica y el respeto efectivo de los derechos humanos.