La Constitución ecuatoriana reconoce a la educación pública como un derecho humano fundamental y garantiza su gratuidad en todos los niveles, incluido el superior. Sin embargo, el acceso a este enfrenta desafíos significativos debido a la creciente demanda y la capacidad limitada de cupos. En los últimos años, las políticas que mejoraron el acceso y la calidad de la educación básica y secundaria incrementaron, a su vez, la demanda de la educación superior. No obstante, las universidades públicas no han aumentado su capacidad, al sostener un sistema de cupos limitados que afecta a estudiantes de bajos recursos. La alta demanda y competencia por los cupos generan disparidades entre los que acceden a recursos adicionales para prepararse y quienes no. La limitación de cupos también resulta en la sobrepoblación de universidades, hecho que afecta la calidad educativa. Resulta crucial que el Estado aborde estas limitaciones, expanda la infraestructura y recursos en las universidades públicas e implemente políticas que aseguren inclusión y equidad en el acceso a la educación.