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México está integrado por una población establecida en un territorio delimitado, dotado de un gobierno soberano y que se rige por un orden jurídico en búsqueda del bien común. Partiendo de ello, la evolución en la percepción de los derechos humanos ha traído como consecuencia el surgimiento de paradigmas que reorganizan de manera significativa la esencia del ordenamiento jurídico; entre estas formas de conocimiento se observa la inclusión de nuevos principios como el de interpretación conforme y el pro persona. De esta manera, al renovarse el contenido de la Constitución Política general, las leyes que de ella emanan, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, emergen propiedades positivas para identificar los derechos humanos como un elemento esencial para consolidar el Estado constitucional mexicano.