La expresión “graves violaciones de derechos humanos” aparece frecuentemente conectada con la de “crímenes internacionales” tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Los pueblos y comunidades indígenas han sido y son sujetos de acciones llevadas a cabo en instancias internacionales y tribunales de protección de derechos humanos, pero en el ámbito de la Corte Penal Internacional, sin embargo, hasta la fecha, y pese a que no han faltado acciones, no ha se ha emitido respuesta respecto a la posibilidad de que los acaparamientos de tierra por razones económicas constituyan crímenes de lesa humanidad tal y como han sido calificados en los escritos enviados en base al artículo 15 del Estatuto de Roma. El objetivo de este trabajo no es tanto el analizar si constituyen un determinado crimen sino el por qué transcurridos ocho años no existe respuesta alguna. Esto es, si se dan o no los requisitos necesarios para que la Corte actúe, lo que planteamos desde la perspectiva de la Corte como de las comunidades indígenas. Así, más allá de que pueda calificarse como tal, ¿se dan los criterios marcados por la política de la Corteen cuanto a la selección y priorización de casos?