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A partir de la reforma constitucional en materia penal acaecida en 2008, se instauró el sistema garantista en México que pugna por el respeto de los derechos de las víctimas, ofendidos e inculpados. Así las cosas, se requiere analizar el diseño normativo de la política criminológica en el tratamiento penitenciario, a fin de determinar si en efecto, responde a los postulados de la reinserción social como fin ulterior de la prisión. En este sentido, se analizan elementos que impulsa la Ley Nacional de Ejecución Penal -educación, salud, deporte, trabajo y capacitación para el trabajo- para garantizar la reinserción social, en especial, al ámbito laboral, pieza fundamental en la integración de quienes han delinquido. Finalmente, se verifica si el diseño normativo de la política criminológica en México responde a los postulados de un Estado Democrático de Derecho o si por el contrario, se traduce en una legislación simbólica que trastoca los derechos fundamentales de quienes debieran ser los destinatarios de su protección