La Constitución de la República de Cuba, establece en su artículo 71 que: “Se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes”. El referido precepto une dos derechos humanos esenciales para el desarrollo pleno del hombre y el despliegue de todas sus potencialidades. El hábitat constituye el entorno en el cual la población desarrolla la totalidad de sus actividades, y en ese entorno la vivienda es uno de los componentes fundamentales, no se puede ver como un simple espacio para estar, sino que debe reunir determinadas características en cuanto a su calidad, dimensiones, valor, conexión con servicios básicos, para que se considere digna y adecuada. La materialización plena de los referidos derechos constituye un problema universal, que se agudiza en los países subdesarrollados y de esa problemática no escapa Cuba. Ciertamente no pueden hacerse efectivos sin una activa participación de la comunidad, la dimensión humana no se puede obviar, es una cuestión no sólo de políticas públicas, sino también de seguridad ciudadana. Sin embargo, aunque la norma suprema cubana deja implícito en el referido precepto las vías para hacer efectivos los derechos en cuestión, es evidente que no están establecidos de forma fehaciente los mecanismos a través de los cuales la participación de la comunidad es decisiva en la consumación de los mismos, como una manifestación de la democracia participativa que impera en la sociedad cubana. No puede existir un hábitat sostenible, incluyente y equitativo, sin una activa participación ciudadana, no hay poder más legítimo que el de la ciudadanía para gestionar el espacio en que se desarrolla, para lo cual debe tener altos niveles de información, capacitación y comunicación. Ese es un reto del poder público en Cuba, un principio de organización y funcionamiento de los órganos del Estado, además de que constituyen garantías a los derechos de petición y participación refrendados constitucionalmente y consecuentemente hacerlos viables no es una opción, sino un deber del Estado y sus órganos. Precisamente con el presente trabajo se pretende fundamentar el papel decisivo de la participación de la comunidad en la consumación del derecho humano a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable en Cuba.