En la última década se constata un aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos extremos ligados al clima. Episodios recientes como el impacto del huracán Dorian en las islas Bahamas y la DANA de septiembre de 2019 en el levante español ponen a prueba los respectivos marcos sociales de gestión de riesgos y la capacidad de los actores concernidos para articular esquemas de comunicación, alerta y prevención con la eficacia y celeridad requeridas para evitar un balance trágico de víctimas, desaparecidos y daños patrimoniales. Al debilitamiento de los mecanismos de gobernanza necesarios para afrontar fenómenos que desbordan los recursos y competencias en el marco local, regional y estatal se suma la escasa diligencia por atender las indicaciones de los mapas de riesgo y evitar la edificación o el asentamiento de población en zonas vulnerables, sometidas a menudo a fuerte presión especulativa por su interés turístico, urbanístico o industrial. Mi comunicación destaca al largo proceso de distorsión y manipulación informativa que comienza con la dejación de funciones en la supervisión técnica de las propuestas de intervención en zonas de riesgo, el lastre que suponen los conflictos de intereses en la esfera local y regional y la ausencia de mecanismos disuasorios para evitar la inacción de quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de la población y están obligados a conocer los patrones de eventos catastróficos que ponen en peligro las propiedades y vidas de miles de potenciales afectados. Como hipótesis de trabajo se sostiene que las catástrofes por fenómenos climáticos extremos constituyen un ámbito para investigar y poner a prueba la “epistemología del riesgo” subyacente a los procesos de comunicación, alerta y prevención en el limitado intervalo temporal en el que los efectos de este tipo podrían mitigarse. Entre otras conclusiones, cabe deducir propuestas de mejora tanto en el dimensionado de los recursos humanos y materiales de protección civil y emergencias en las zonas de impacto como en las estrategias de comunicación y alfabetización que facilitarían la adopción de medidas básicas, individuales o comunitarias, de protección.

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