La acelerada expansión de la Inteligencia Artificial (IA), en especial de los sistemas generativos y de propósito general, ha reconfigurado los debates sobre derechos fundamentales, innovación, competencia, protección de datos, responsabilidad y sostenibilidad. En México, el problema central no es la ausencia de una pieza legislativa única, sino la fragmentación del andamiaje jurídico aplicable y la falta de articulación entre derechos humanos, gobernanza tecnológica, supervisión institucional y desarrollo sostenible. El artículo examina las bases jurídicas existentes para una política regulatoria de la IA en México y propone una arquitectura normativa integral, ética y sostenible, mediante un diseño cualitativo, documental, jurídico-doctrinal y comparado, sustentado en literatura científica reciente y en fuentes normativas oficiales mexicanas e internacionales. Los resultados muestran que México ya dispone de fundamentos constitucionales y legales relevantes —dignidad humana, igualdad y no discriminación, privacidad y protección de datos, protección al consumidor, derechos de autor, consulta indígena, educación científica y tecnológica— que permiten construir una política regulatoria sin partir de cero. No obstante, el estudio identifica una brecha entre esas bases dispersas y la necesidad de un régimen de gobernanza algorítmica coherente, con evaluación de riesgos, auditoría, explicabilidad, trazabilidad, reparación, supervisión humana y obligaciones de sostenibilidad ambiental y social. La investigación concluye que la ruta más consistente no es copiar de forma mecánica modelos extranjeros, sino traducir comparativamente las lecciones a un marco nacional híbrido: principios constitucionales, regulación por riesgos, gobernanza multinivel, coordinación interinstitucional, estándares técnicos interoperables y mecanismos efectivos de tutela de derechos.