La discusión sobre inteligencia artificial en educación superior no puede reducirse a si la IA “ahorra tiempo” o “mejora procesos”, porque en la universidad están en juego bienes más altos: la formación del juicio, la integridad de la evaluación, la libertad académica, la protección de datos, la igualdad de trato y la confianza pública en los títulos que expiden las instituciones. Este artículo revisa críticamente la ética de la IA como ética aplicada y examina tres marcos de referencia ya inevitables: las Directrices éticas para una IA fiable de la Comisión Europea, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO —adoptada por 193 Estados Miembros— y el Reglamento de IA de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y trata como de alto riesgo ciertos usos educativos ligados al acceso, la evaluación y la supervisión. La revisión incorpora evidencia: una encuesta de la UNESCO [1] registró políticas formales en el 19% de las instituciones participantes y orientaciones en otro 42%. La proporción rondó el 70% en Europa y América del Norte, frente al 45% en América Latina y el Caribe. Ante esta brecha, se proponen siete compromisos para universidades dominicanas.