El peritaje psicológico forense de la capacidad testamentaria se sitúa en la intersección entre el derecho, la psiquiatría y la neuropsicología, y tiene como objetivo determinar si una persona posee las competencias cognitivas y volitivas necesarias para otorgar un testamento válido. Este concepto no se limita a la mera voluntad, sino que implica habilidades como memoria, juicio, razonamiento, orientación y comprensión de las consecuencias legales del acto. Desde el ámbito jurídico, se presume la capacidad salvo prueba en contrario, valorándose especialmente el estado mental en el momento de la firma. Por su parte, la neuropsicología entiende la capacidad como un constructo funcional multidimensional, en el que intervienen procesos cognitivos superiores que permiten decisiones autónomas y coherentes. Diversas condiciones clínicas pueden afectar esta capacidad, entre ellas los trastornos neurocognitivos, los trastornos psicóticos y los estados confusionales agudos. No obstante, el diagnóstico por sí solo no determina incapacidad; lo relevante es el grado de afectación funcional en el momento específico del acto. La evaluación forense combina entrevistas clínicas, pruebas neuropsicológicas estandarizadas, revisión documental y fuentes colaterales, integrando la información en un informe técnico dirigido al ámbito judicial. Este proceso debe regirse por principios de objetividad, rigor científico y ética profesional. La valoración de la capacidad testamentaria busca equilibrar la autonomía del individuo con la protección frente a situaciones de vulnerabilidad, garantizando que la voluntad expresada sea libre, consciente y jurídicamente válida.