El presente trabajo tiene como propósito analizar, desde una perspectiva crítica y práctica, la aplicación del principio de oralidad en los procesos de Derecho de familia en el Ecuador, particularmente a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). El estudio no se limita a una revisión normativa, sino que incorpora la observación directa del funcionamiento de las audiencias y el comportamiento de los operadores de justicia en el contexto real del litigio. El punto de partida de esta investigación es reconocer que la oralidad fue concebida como un mecanismo orientado a superar las deficiencias del sistema escrito tradicional, caracterizado por su lentitud, formalismo excesivo y acumulación de causas. A partir del análisis desarrollado, se identifica que, si bien la oralidad ha contribuido a reducir tiempos procesales y a dinamizar la resolución de conflictos, especialmente en materia de familia, también ha generado efectos adversos en la práctica. Entre ellos se destacan limitaciones en la producción y contradicción de la prueba, restricciones en el ejercicio del derecho a la defensa, y una tendencia a la emisión de decisiones judiciales bajo presión de tiempo, lo que puede afectar la debida motivación. Asimismo, se evidencia que factores como la sobrecarga procesal, la insuficiente capacitación en litigación oral y la persistencia de una cultura jurídica basada en lo escrito influyen directamente en la forma en que se desarrollan las audiencias. Esta situación genera una tensión estructural entre la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva, particularmente sensible en el ámbito del Derecho de familia, donde se encuentran en juego derechos fundamentales como el interés superior del niño, el derecho a alimentos y la estabilidad familiar.