La prejudicialidad civil está referida a la dependencia entre dos procesos conexos, no penales por su naturaleza, donde uno de ellos influye directa y decisivamente en el resultado del otro, por lo cual se produce, en defecto de acumulación procesal, la paralización o suspensión del proceso principal hasta tanto alcance firmeza la resolución de la cuestión prejudicial. Esta institución, ausente totalmente de la preceptiva de la derogada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, tras la modificación procesal acaecida en Cuba en fechas recientes resultó incluida de manera sumamente novedosa en la sistemática del nuevo Código de Procesos. En este cuerpo legal la regulación de la prejudicialidad alcanza una elevada connotación por su carácter redoblado con respecto al proceso sucesorio de operaciones particionales, lo que se traduce en una ventaja significativa para los justiciables al resolver el problema que representaba la inviabilidad de paralización de cara a la situación anteriormente descrita; además de repercutir en la necesaria coherencia de las resoluciones que pongan fin a dichos procesos.