México atraviesa una situación crítica en materia de inseguridad, caracterizada por la expansión de redes delictivas y un elevado índice de percepción ciudadana de inseguridad. Aun cuando se han emprendido reformas importantes —como la reforma constitucional de 2011 que elevó los Derechos Humanos (DDHH) a un lugar prioritario en el orden jurídico— y se han diseñado leyes orientadas a la prevención del delito, persiste una brecha significativa entre el derecho y su pragmatismo. El presente artículo expone la necesidad de transversalizar los DDHH en las políticas de seguridad pública y, particularmente, en las estrategias de prevención del delito, proponiendo la gobernanza como un enfoque teórico y operativo capaz de articular los esfuerzos de diversos actores. A través de una investigación documental enmarcada en la revisión de legislación, reportes institucionales y literatura académica, se describe la actual configuración jurídica de la seguridad pública y se analiza el grado en que la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional podrían fortalecer la prevención. Los hallazgos indican que, a pesar de existir una arquitectura normativa robusta —en la cual destaca la creación de la Guardia Nacional en sustitución de la Policía Federal—, el énfasis operativo sigue recayendo en una lógica punitiva y militarizada, con efectos limitados en la disminución de la violencia. Se concluye que la gobernanza, sostenida en la corresponsabilidad de los actores públicos y privados, ofrece una vía para afianzar la participación social y los DDHH en la construcción de soluciones efectivas al problema de la inseguridad.