El presente estudio examina la evolución, las transformaciones y los retos actuales de la justicia indígena en México. Se analizan particularmente las reformas constitucionales de 1992 y 2001, mediante las cuales se reconoció el carácter pluricultural del Estado y el derecho de los pueblos indígenas a aplicar sus propios sistemas normativos. No obstante, persisten limitaciones significativas en su implementación, entre ellas la insuficiente coordinación entre la justicia estatal e indígena y la ausencia de mecanismos claros para el reconocimiento y validación de las decisiones comunitarias. El texto destaca que las comunidades indígenas enfrentan conflictos socioambientales derivados de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, donde la falta de consulta previa ha generado tensiones. Además, se identifican retos específicos, tales como la discriminación institucional y las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia. Se propone fortalecer la capacitación intercultural de los operadores jurídicos e incorporar los saberes ancestrales para consolidar un sistema de justicia plural e incluyente. En conclusión, se enfatiza la necesidad de construir un modelo que garantice la autonomía indígena, respete los derechos humanos y promueva la diversidad cultural en el marco jurídico mexicano.