Esta contribución tiene por objeto específico algunas reflexiones relacionadas con el marco normativo que resulta para los obligados tributarios, en el ámbito de la imposición local, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LRHL desde ahora), y sobre las dificultades de encajar su régimen dentro de los moldes jurídicos que proporciona la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT en adelante). En concreto, se circunscribe el foco de análisis a algunas cuestiones que plantea la configuración de ciertos obligados tributarios en el ámbito del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI a partir de este momento), y a las dificultades que esta circunstancia plantea para la defensa de sus intereses en el marco de los procedimientos tributarios estandarizados en la LGT. Es un hecho que, al tratar de trasladar el diseño de la LGT a relaciones jurídicas derivadas de la norma tributaria local, se producen a menudo disfunciones, y el régimen general se muestra inadecuado e insuficiente para dispensar un tratamiento racional a las situaciones que se producen dentro de su ámbito de aplicación. El resultado, en ocasiones, es que la jurisprudencia se siente inclinada, frente a esta realidad, a precisar los efectos de las normas aplicables, sin que las soluciones aportadas resulten siempre satisfactorias, haciéndose sentir con ello la necesidad de una intervención normativa dirigida a racionalizar el tratamiento de las figuras y adaptar su régimen a las exigencias constitucionales de la posición jurídica de los sujetos afectados. Para ilustrar este fenómeno, y llamar la atención sobre la necesidad de abordar su solución de manera decidida, el estudio utiliza dos ejemplos, derivados de la práctica aplicativa del IBI, donde la remisión genérica de sus normas a la posibilidad de repercusión del impuesto “conforme a las normas de derecho común” (art. 63.2 LRHL) puede llegar a plantear alguna disfunción grave.