El presente artículo se propone describir la tarea que llevan adelante las personas defensoras de derechos humanos, como así también su relevancia, centrándose en aquellas que realizan su labor en pos de la protección del ambiente en Latinoamérica y el Caribe. Luego, se describe la situación crítica a la que este colectivo se enfrenta a partir de distintos atentados en contra de sus derechos fundamentales, con foco en el fenómeno de la criminalización mediante la utilización del sistema penal por parte de actores estatales y no estatales. Ante ese contexto, se examina el marco protectorio para defensores/as ambientales que instaura el Acuerdo de Escazú. Finalmente, a la luz de los mandatos para el Estado que emanan de este instrumento internacional y del principio de igualdad como no sometimiento, se construye un estándar de valoración probatoria diferenciado aplicable en el proceso penal. Este consiste en la adopción de una perspectiva valorativa de la prueba diferenciada ante casos sospechosos de criminalización, perfilándose como una respuesta adecuada para la prevención y evitación del fenómeno. Por tal razón, su adopción se erige en un mandato autoritativo para las autoridades judiciales en el proceso penal en cuanto medida de acción positiva.