La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales ha transformado el sistema de protección de los Parques Nacionales, una vez que deroga la Ley 5/2007, de 3 de abril, de Red de Parques Nacionales, y plantea como objetivo el desarrollo y actualización del modelo existente de Red, por la vía de contemplar, «de manera acorde con su importancia, conceptos territoriales, residentes locales y titulares de derecho con la visión económica necesaria y esencial para conseguir la integración y aceptación de los Parques Nacionales en su territorio», y reforzar, además, la función de coordinación del Estado, pese a la insistencia de la nueva norma en que el punto de partida sigue siendo el esquema de gestión de la Red de Parques Nacionales. En este sentido, es cierto que el texto que nos ocupa no ha innovado en estructura y elementos de ordenación, pero no es menos cierto que irrumpe de modo desconcertante en un escenario en el que se había logrado limitar considerablemente la conflictividad por razones de competencia, y plantea, cuanto menos, dudas de cara a su constitucionalidad, puesto que la Ley se aprueba en pleno proceso de aplicación y puesta en marcha de la Red de Parques Nacionales, cuya norma reguladora se había hecho eco de los pronunciamientos constitucionales recaídos hasta ese momento