Desde la revuelta social de octubre del 2019 al texto definitivo de propuesta de Constitución Política de la República de Chile se ha evidenciado la relación paradojal entre legalidad y legitimidad; nociones que se articulan con los conceptos de gobernabilidad y gobernanza en la historia particular del país. En el presente artículo exponemos la pregunta acerca de cómo esta relación conceptual se encarna en la deuda de reconocimiento que deja este proceso hacia aquellos movimientos sociales que le dieron origen, especialmente con aquellos posicionados en el límite de estas nociones al estar cruzada por la violencia, como es el caso de la llamada “Primera línea”. En el desarrollo de esta hipótesis nos detendremos en la importancia política de este colectivo, así como en una mirada crítica al proceso constituyente y el texto propuesto.